Desde que Chad inició su proceso democrático en diciembre de 1990, el panorama mediático ha crecido considerablemente y los medios de comunicación han ganado cierta independencia, mientras que los del sector público ya no tienen el monopolio de la información. Unos diez periódicos se publican regularmente (L’Observateur, La Voix, N'Djaména Hebdo, Le Pays…), cuatro canales de televisión emiten en Yamena, la capital, y aproximadamente 60 emisoras de radio trabajan en el territorio nacional. La emisora FM/Liberté, creada por activistas de derechos humanos, es la que tiene más audiencia en la capital, ya que cuenta con una red de corresponsales que se extiende por todo el país.

Los medios públicos siguen estando controlados por el Ministerio de Comunicación y sus responsables son nombrados por el gobierno, que elige también a la mayoría de responsables del organismo regulador, la Alta Autoridad de los Medios y el Audiovisual (HAMA). Las investigaciones críticas sobre los caciques del régimen, su entorno o el ejército no son toleradas. El acceso a la información oficial sigue siendo muy complicado. Las relaciones entre los medios privados y la HAMA se han deteriorado considerablemente durante las distintas citas electorales del año 2024.

En Chad, la libertad de prensa y el derecho a la información están consagrados por la ley. El Código de la Prensa aprobado en 2010 pone fin a las penas privativas de libertad por delitos de prensa. Sin embargo, la difamación sigue siendo objeto de condenas de hasta tres meses de prisión. La ley sobre la ciberdelincuencia aprobada en 2019 expone a los periodistas que trabajan en medios digitales a arrestos y detenciones arbitrarias. En 2020, más de doce diarios fueron suspendidos en virtud de la nueva Ley de Prensa, que exige un nivel mínimo de cualificación para poder dirigir una redacción: una aparente voluntad de profesionalizar el sector, que, en realidad, amenaza con hacer desaparecer  numerosas cabeceras independientes. En 2024, un ex consejero de la presidencia utilizó una ley estadounidense para censurar a los medios y eliminar las informaciones sobre su cese.

Los medios, sobre todo los privados, trabajan de forma precaria: la impresión de periódicos es muy costosa y el mercado publicitario es limitado, lo que lleva a ciertos diarios a imprimir a pérdida. A pesar de que el Estado debe aportar una subvención anual a los medios, el fondo de ayuda a la prensa lleva suspendido desde 2016 y sólo ha sido desembolsado dos veces, en 2021 y 2024.

Chad ha entrado en un periodo de transición desde el 20 de abril de 2021, tras la muerte del presidente Idriss Déby Itno, que dirigió el país con puño de hierro durante 30 años. Desde entonces, en un ejercicio de censura encubierta, se invita a los medios a evitar la difusión de declaraciones de odio y favorecer aquellas que apelan a la paz. En mayo de 2024, los periodistas no pudieron cubrir con total transparencia los “disparos de celebración” —que causaron una decena de muertos— tras la elección de Mahamat Idriss Deby en las elecciones presidenciales.

Las agresiones e incluso los crímenes se cometen con total impunidad, como atestigua el asesinato del periodista Idriss Yaya, de su esposa y de su hijo en marzo de 2024, o el de Orédjé Narcisse, en octubre de 2022, cuyos asesinos no han llegado a ser detenidos. Los profesionales de los medios también sufren la violencia de las fuerzas del orden cuando cubren las manifestaciones en contra del gobierno, y los reporteros que trabajan en las provincias son objeto de constantes detenciones arbitrarias y amenazas. Las detenciones de periodistas críticos por parte de las fuerzas del orden o los servicios de inteligencia son habituales. En 2018 y 2019, se cortó el acceso a las redes sociales durante 470 días, convirtiendo a Chad en uno de los peores censores digitales del continente africano de los últimos años.